(Publicado en Peronismo Libre; http://peronismolibre.blogspot.com)
Mientras se resuelve la intrincada situación político-judicial por la cual atraviesan gobierno y oposición y se abren los caminos para los nuevos liderazgos, conviene examinar de cerca algunos de los problemas que se deberán enfrentar, sea quién sea quien gobierne en el futuro.
La discusión sobre los temas macroeconómicos tiene una amplia difusión en la mayoría de los diarios opositores al actual gobierno y, específicamente en la didáctica página de Domingo Cavallo, se pueden encontrar las ideas sobre macroeconomía que expresan la verdadera oposición a este gobierno, con todo el rigor intelectual que los argentinos más serios pretenden.
Existen, sin embargo, otros temas que aún no han llegado a la discusión pública y que deberían ser, desde ahora, considerados por todos los dirigentes del espacio peronista-liberal e incluidos y estudiados en los futuros programas de gobierno. El más importante es el que se refiere a la descentralización como concepto clave en la construcción de una nueva administración pública más eficaz en el aprovechamiento de los recursos y más eficiente en la provisión de servicios.
En los últimos años y a punto de celebrar nuestro Bicentenario, a través de la lucha de los productores agropecuarios -- esa campiña opuesta a la ciudad pero por fin acompañada por ésta, históricamente su principal beneficiaria— los argentinos hemos por fin cabalmente comprendido y hecho nuestro el concepto de federalismo. La verdadera razón de la caída de los Kirchner no ha sido ni será su política socialdemócrata sino su exacerbado centralismo fiscal sin el cual no tendrían el menor poder. Los argentinos, observando el día a día de la política, hemos aprendido entonces que la Nación centralista que hoy recauda los impuestos y los mal distribuye extorsionando a los gobernadores, debería y podría dejar de hacerlo, permitiendo a las provincias recaudar y administrar sus propios impuestos y contribuyendo a la Nación según una nueva invertida coparticipación. En las últimas semanas, este pensamiento se ha desarrollado un poco más, y comienza a comprenderse también que los gobiernos provinciales deben también ceder a los gobiernos municipales la facultad de recaudar y administrar.
Este federalismo fiscal recién nacido a la conciencia pública pide, sin embargo, una reflexión más profunda, ya que se trata, también, de un cambio de sistema conceptual: el paso de un sistema de poder concentrado al paso de un sistema de poder descentralizado, repartido, y por lo tanto más democrático. Si ya hemos sufrido en carne propia lo que en política significa un poder único, en las variadas formas de dictadura que hemos conocido, y hemos aprendido a apreciar la forma republicana que balancea un poder con otro y los dos con un tercero, ahora debemos aprender a disfrutar de la rica vida que promete el concepto de descentralización. Desde ya, el auténtico federalismo fiscal, en los niveles provincial y municipal, representa la más urgente descentralización, aquella que permite imaginar un rápido florecimiento de las provincias y pueblos de la Nación, y de un crecimiento competitivo que no hará sino beneficiar al conjunto.
El mismo concepto de descentralización aplicado a la administración pública, nacional, provincial o municipal, ofrece nuevas variables que, aplicadas, significarán para los argentinos una optimización de los recursos disponibles y un ordenamiento eficaz para cumplir con los servicios del Estado en forma eficiente.
En los 90, cuando usábamos la palabra descentralización, se la asociaba automáticamente con privatización, ese paso de empresas estatales que brindaban servicios ineficientes a empresas privadas que brindarían servicios de calidad. Durante una década y hasta el quiebre por parte del Estado a fines de 2001 de las mismas reglas que se había comprometido a respetar, las nuevas empresas privadas de servicios públicos mejoraron la calidad de vida de los argentinos a extremos hasta entonces insospechados. Como lo mejor es enemigo de lo bueno, no abundaremos en las justas críticas hacia todo aquello que se pudo haber hecho mejor, hacia controles que faltaron, hacia planes no debidamente ejecutados, como la supresión del sistema ferroviario sin el correlato del plan vial correspondiente, programado y pensado pero nunca ejecutado. Privatizar no fue, sin embargo, una estrategia de descentralización, sino una decisión de extirpar del Estado su función empresaria en sectores de servicio o producción que por la magnitud de la inversión requerían del aporte privado, y por lo tanto de una gestión igualmente privada. Al hablar de descentralización, entonces, no hablamos del paso de lo estatal a lo privado, sino de otra forma posible de la gestión estatal, en áreas de servicios indelegables del Estado, como la educación, la salud pública, la seguridad, la justicia, y el sostén a las actividades artísticas y científicas.
Los dos grandes problemas de la administración pública son la mala calidad de los servicios y la corrupción, no sólo la encubierta por medio de contrataciones amañadas, sino la estructural, aquella que hace que el Estado emplee a agentes que no trabajan o que no son aptos para sus funciones y que cada unidad de servicios se caracterice por la pobreza de gestión y el atraso en técnicas y tecnología administrativa.
El concepto de descentralización llevado a la administración pública no significa otra cosa que la separación de cada unidad de servicio público en un ente autónomo, con autoridad para regirse por sí mismo, es decir, para usar recursos y personal con total autonomía de otras unidades de su mismo nivel o de un nivel superior. Es en el uso de la expresión “Ente autónomo” que en el pasado encontrábamos la mayor dificultad en comprender la nueva figura, porque se entendía que autonomía del Estado era el equivalente de privatización, en vez de hacer el esfuerzo de comprender que la nueva figura, que en efecto pretende imitar la eficiencia de la gestión privada en su concepto de gestión autónoma, continua siendo un ente de capital público sin fines de lucro.
La novedad de la descentralización está en la aplicación de las más modernas técnicas de gestión empresaria en los entes públicos prestadores de servicios. Escuelas, hospitales, teatros, juzgados, comisarías, la lista de proveedores de servicios públicos vistos como unidades descentralizadas actuando con eficiencia y buen uso de los recursos, es infinita, y la descentralización, aplicable en todos los niveles de la administración, nacional, provincial o municipal. Hay que pensar los temas operativos y legales de esta nueva forma de gestión en la administración pública. Cómo y cuando se entregan a cada ente autónomo los recursos públicos asignados en la actualidad en el presupuesto centralizado general; cómo se constituye el control doble, por parte del Estado sobre el uso de recursos y los resultados, y por parte del público usuario, beneficiario directo y ojo cercano para detectar ineficiencia, posibles actos de corrupción o de mala gestión. Cómo pueden estas unidades, además de los a veces escasos recursos públicos, recaudar fondos privados para programas específicos que fueran de interés para los beneficiarios.
Es importante recalcar que este tipo de administración descentralizada es muy apta para el espíritu argentino, bastante afín a la participación en sociedades intermedias, cooperativas, sindicatos, etc. Es imaginable que se obtendrían resultados inmediatos de mejor gestión al contar con unidades autónomas, susceptibles de una veloz reorganización y mejora en los recursos allí donde fuera posible.
La solución de los grandes problemas macroeconómicos de la Argentina va a ocupar una gran parte del debate electoral de los próximos meses. Es importante que los argentinos participen con la mayor conciencia de las opciones posibles y que exijan a los dirigentes soluciones racionales, viables, y previamente estudiadas. También que comprendan que la nueva economía que la Argentina precisa para transformarse en un país estable con un crecimiento sostenido, requiere de una administración pública reformada y creativa, capaz de ofrecer, junto a las instituciones republicanas por fin respetadas, el marco adecuado para que argentinos y extranjeros inviertan y paguen sus impuestos a satisfacción de que cada peso pagado vuelve en servicios genuinos para todos los habitantes de la Nación.
Descentralización es federalismo, pero también mucho más: nada más y nada menos que la solución a uno de los más trajinados problemas argentinos, la ineficiencia en los servicios producidos por la administración pública, que a la vez desalienta el pago de impuestos por parte de los usuarios, en un círculo vicioso que las últimas administraciones centralistas a partir del 2002 sólo han empeorado.
