La desesperanza frente al devenir colectivo, la frustración personal y la impotencia para influir en el centro del único problema gravísimo de la Argentina—la manifiesta incapacidad de los reguladores y administradores del Estado—hace que cada argentino no involucrado en la política tema por el futuro de la Argentina y por sí mismos y sus familias.
Se odia a la política y a los políticos.
El voto, sea a unos o a otros, no alcanza.
Fuera del Estado y de la política, sin embargo, abundan el talento, el ingenio, el conocimiento, el trabajo serio y responsable. Desde instituciones médicas de élite a empresas industriales o agrícolas de excelente producción con altísimo rendimiento, actual o potencial, podemos estar absolutamente orgullosos de lo que somos y podemos. No nos falta gente.
Sólo nos falta encontrar el modo de proceder con la selección de candidatos para dirigir, regular y administrar el Estado.
No se trata de elecciones ni de partidos sino de pensar un modo diferente para elegir el personal administrativo, definido en primera instancia por su criterio político de significación, uso y obligaciones del Estado y en segundo lugar—y aquí es donde está la falla que atraviesa a todo el espectro político, desde Milei hasta la izquierda, pasando por el peronismo, el radicalismo y el PRO—la formación, idoneidad y experiencia para ocupar el cargo.
No es suficiente con expresar una ideología, un ideario o una identidad histórica. Esa es solo una primera definición que atraerá a los semejantes, creando identificación simbólica y empatía.
No asegura la calidad profesional del candidato.
Todo aspirante al cargo máximo presidencial, pero también a los cargos subalternos de vicepresidente, senadores, diputados, ministros, secretarios y, desde ya, a las líneas inferiores de la administración pública—nacional, provincial y municipal—debería igualmente poder cumplir con los criterios de selección que fijen los ciudadanos.
Hace falta entonces un urgente proyecto de ley que cree un nuevo criterio de selección aplicable a todos los partidos y consentido por todos como una nueva política nacional que dibuje un nuevo horizonte para las próximas elecciones.
Cada partido sometiendo sus candidatos a la prueba de idoneidad creada por los ciudadanos y convertida en ley por sus representantes.
Este sería el modo democrático y correcto, que no altera el sistema de partidos ni electoral, sino que introduce una nueva regla democrática anterior a la confección de listas, por la cual los ciudadanos se aseguren que sólo los preparados e idóneos aspirantes puedan ocupar un cargo público. Terminar así, por ley, con los presidentes o vicepresidentes que no entienden las reglas más elementales de la economía y/o sin experiencia administrativa, y con los diputados o senadores que no aprovecharon su tiempo en la universidad si es que asistieron, o los ministros sin ninguna formación práctica en su área.
La Argentina está destinada desde siempre a ser un gran país, y los argentinos, un pueblo muy realizado. Su principal problema es que su destino colectivo ha sido dirigido casi siempre por personas sin formación o talento que la supliera o la consiguiera.
No importa la ideología, ya que la idoneidad rápidamente supera las rigideces o costumbres del pasado para encontrar la mejor solución—esto sucede día a día en la actividad privada argentina—sino la formación y capacidad profesional adquirida para el cargo.
¿Por qué hay un 40 o 50% de pobreza? Porque la Argentina no está recibiendo las inversiones que precisa para seguir creciendo, creando trabajo y educando y formando a nuevos trabajadores.
¿Por qué no está recibiendo esas inversiones? Porque no hay un orden macroeconómico y jurídico estable, justo y libre.
¿De quién depende la creación de este orden? De los reguladores y administradores del Estado, que son quienes fijan las reglas generales, las aplican y hacen cumplir, y quienes, además, organizan y administran los recursos públicos.
Elijamos a los mejores, a los más competentes e idóneos. Profesionales, además de políticos.
Aseguremos esta primera selección por medio de una ley de competencia para el cargo público—desde presidente a portero del edificio público--que TODOS los partidos deberán considerar y obedecer, para formar sus listas electorales primero y luego, para limpiar el Estado de ineptos al cargo y elegir también a los mejores aún en los cargos más modestos.
Y así, tendremos el país que podemos y debemos tener.
Es solo una ley, que cualquier partido puede impulsar hoy.
El peronismo, para redimirse de tanto error en las últimas décadas y no tener que especular con el azar de un nuevo Menem con el talento capaz de conseguir y emplear un nuevo idóneo Cavallo. El PRO, porque eso quería desde el comienzo y no lo consiguió durante su único gobierno. Los radicales, a los que siempre les sobró gente honesta pero les falto personal con gran experiencia—Manes puede ser un gran ministro de salud mental, pero...¿presidente y administrador del Estado? Y luego, los liberales de Milei y las variantes de izquierda, incluyendo al kirchnerismo, en ambos extremos, deben presentar algo más que ideas generales y mostrar también gente altamente capacitada para cada cargo que pretendan ocupar.
Se trata solo de una nueva y oportuna ley de competencia profesional para regular y administrar el Estado.
Una ley que puede cambiar todo.
Cambiar, para siempre, el rumbo argentino en la dirección del definitivo éxito.