(Publicado en http://peronismolibre.wordpress.com)
El más trágico problema que la Argentina enfrenta en estos días es la paulatina pérdida de control por parte de los argentinos de un Estado que debería estar para servirlos y que, sin embargo, ha sido ocupado por una fuerza política, el kirchnerismo, para asegurar su propia perpetuación en el poder.
No se trata ya de discutir ideologías económicas, de sistemas de inclusión social o de posiciones en política exterior. Tampoco de mostrar la enorme corrupción que ha anidado dentro del Estado y que no hace más que crecer. Se trata de algo mucho más sustancial y grave: el poder popular arrebatado por lo que cada día se parece más a una mafia pirata decidida a quedarse con el total de los resortes del poder del Estado.
Todavía no se ha explicado suficientemente el sospechoso resultado de las internas abiertas de agosto de 2011, con su igualmente sospechosa secuela en las elecciones generales de Octubre del mismo año, a cargo de la misma empresa nombrada por el Ministerio del Interior simultáneamente para contar votos y para administrar la tarjeta SUBE, agregando un nuevo registro de información a los padrones. Tampoco sabemos por qué ambas elecciones fueron fiscalizadas por el Ministerio del Interior en vez de por la Justicia Electoral –aunque tardíamente en la segunda se incluyó algo de ésta- y por qué no se contó con la tradicional misión de veedores internacionales para controlar la limpidez de ambos eventos. Tampoco por qué se quitó de la esfera tradicional de la Policía Federal la expedición de los nuevos pasaportes y DNI, contando así con otro nuevo registro en manos de la fuerza dominante, lo cual, sumado a la AFIP, concentra el total de la información disponible sobre cada argentino. Mucho menos sabemos para qué altos funcionarios del Estado se han apoderado de la tradicional impresora de billetes de la Argentina, como si la advertencia lanzada por muchos economistas de que ya se están terminando las series disponibles de billetes de 100$, hubiera encontrado una creativa recepción en aquellos que nunca admitirían la marca de alta inflación de billetes de más alta denominación, y estuvieran dispuestos a renovar el viejo truco de la última hiperinflación, repitiendo series ad infinitum . Tampoco sabemos por qué se vuelve a colocar a la Argentina en el centro de atención militar del Atlántico Sur, ante la indiferencia de muchos, pero también ante la veloz apropiación de un posible conflicto por todos aquellos que tienen algo para ganar.
No sabemos muchas cosas, sólo que cada día sabemos menos y que el periodismo, intimidado cuando no directamente perseguido, continua tratando con cínico respeto a los filibusteros del poder, sin ir a fondo en causas que, con una Justicia activa y no igualmente intimidada, llevarían a una remoción casi total de los actuales ocupantes del Poder Ejecutivo.
La responsabilidad del cambio está sobre todo en la oposición política consciente de la necesidad de recuperar el Estado para los argentinos. No sólo en el reclamo de más institucionalización y en la exigencia de una actividad más organizada en el Congreso para –aún en minoría- desmantelar las aspiraciones hegemónicas de un grupo voraz y decidido sino en una directa apelación a los argentinos para participar activamente en una reorganización del Poder Judicial, a través de las ONG locales e internacionales.
Porque no hay un Poder Judicial independiente e institucionalmente protegido por las Fuerzas de Seguridad, hoy también parte del dispositivo de poder político del Gobierno y no recurso del pueblo argentino, es que no es impensable imaginar una creciente ilegalidad sumada a la ya discutible legitimidad de un gobierno llegado al poder a través de un Partido Justicialista usurpado y cerrado a la participación popular, sin que la Justicia Electoral haya jamás intervenido para corregir la irregularidad. La oposición debe reforzar los vínculos entre el pueblo argentino y sus Fuerzas de Seguridad, hoy otra vez obstaculizados por el permanente repiqueteo oficial en contra de la dictadura militar y la guerra sucia, y reestablecer el concepto de que sólo el pueblo argentino es el dueño y señor de estas fuerzas creadas para su protección y no para funcionar como los patovicas de un poder que sólo anhela Fuerzas de Seguridad aniquiladas e inermes, corruptibles e inútiles para defender a un pueblo que, desde los inicios de la Patria, estuvo indisolublemente ligado a ellas.
¿Serán estos últimos treinta años los años del tránsito de una dictadura militar a una dictadura civil del signo ideológico opuesto? ¿O serán estos, por el contrario, los treinta años necesarios para reubicar a los civiles en dentro de las instituciones políticas pertinentes a una sociedad republicana y democrática y a las fuerzas armadas en sus legítimas y obligatorias funciones de defensa exterior y seguridad interior? Esperemos que sean los años de la definitiva maduración de la Argentina como una comunidad estable, organizada y democrática y de los argentinos como los valedores de su propia libertad frente al avasallamiento de los audaces y caraduras instalados con mañas y malas artes frente al tablero de los resortes del Estado, haciendo uso y abuso de ellos, hasta que alguien les diga “¡Basta!”
