(publicado en http://peronismolibre.wordpress.com)
No hace falta explayarse demasiado en el nuevo intento de controlar por completo el único poder constitucional que aún mantiene, a pesar de la cantidad de jueces cooptados o corruptos, la necesaria independencia para cumplir con su función: defender a los ciudadanos no sólo en sus derechos privados sino en sus derechos frente al Estado. Como ya ha sido dicho pero conviene repetir, para remarcar el terrible significado, cualquier ciudadano—de conseguir el actual gobierno las reformas pretendidas—quedará totalmente indefenso frente a los caprichos y autoritarismos oficiales, convertidos en la única justicia, o sea, la que conviene al Poder Ejecutivo.
Ninguna dictadura es admisible, pero mucho menos lo es una dictadura incompetente para manejar el país dentro de parámetros de productividad y supervivencia aceptables. Un tirano es odioso es su poder totalitario pero directamente criminal cuando su mala praxis como gobernante y su corrupción se llevan puestas no ya las libertades de los ciudadanos sino sus vidas. La tragedia ferroviaria de Once, la más reciente tragedia de la inundación de La Plata son apenas la punta del iceberg de esta mala praxis que, de no detenerse, continuará con su seguidilla de asesinatos por desconocimiento de las más elementales reglas de la economía y el desdeño absoluto por los más mínimos parámetros de la convivencia y la responsabilidad social.
¿Por qué funcionarios corruptos siguen en sus cargos? ¿Quién podría separarlos y enjuiciarlos cuando el Congreso, la primera instancia de control, ha sido graciosamente regalado al Poder Ejecutivo por una combinación de ignorancia colectiva y elecciones amañadas? Nadie sino el Poder Judicial, ese que ahora los argentinos van a perder, a menos que la Corte Suprema reaccione con la energía del caso y bloquee cualquier reforma anticonstitucional que reduzca o suprima el derecho de los argentinos a una justicia independiente.
La gran mayoría de honestos y cada día más informados argentinos tiene hoy una clara voluntad destituyente de todos y cualquier delincuente enquistados en el gobierno que puedan creer que una manipulación de la justicia en su favor los salvará de rendir cuentas ante quienes no son sus súbditos sino sus mandantes. Nunca como en estos últimos diez años, el consorcio de ciudadanos argentinos tuvo tanta equivocada paciencia y tolerancia ante lo que consideró erradamente pecados habituales e inevitables de la clase política sin otra consecuencia que la distracción de algunos fondos públicos. Las consecuencias de esa tolerancia a la corrupción y al abuso están a la vista, en un país derrumbado y sin seguridad física ni siquiera en su infraestructura. Hoy ese consorcio sabe que debe elegir entre su propia supervivencia o la injusta permanencia en el gobierno de los abusadores del poder que les ha sido conferido.
La próxima manifestación del 18 de Abril adquiere así un particular perfil, ya no sólo de protesta ante la mala praxis del Gobierno y su manifiesta corrupción, o de indignación ante el inminente avasallamiento total de la justicia, sino de mandato hacia la Corte Suprema. Un mandato que ordena actuar ya, en función de los derechos constitucionales del pueblo argentino. Como depositaria de ese mandato, la Corte Suprema deberá actuar.
